Exhumaciones de la violencia de retaguardia franquista en la provincia de Cádiz: recorrido de una resistencia inacabada

Fco. Javier Pérez Guirao[1]

 

Introducción: ¿cuál es el origen de las exhumaciones de la guerra de 1936?

La Orden de 4 de abril de 1940 (España, Ministerio de la Gobernación, 1940a) establecía la necesidad de asegurar el respeto a lugares que contuvieran restos humanos no identificados, declarándolos sagrados y al cuidado de los ayuntamientos correspondientes. La finalidad, decía, era “evitar posibles profanaciones y de guardar el respeto debido a los restos sagrados de los mártires”, solicitándose a la autoridad eclesiástica conceder “carácter de tierra sagrada”, como si de un cementerio municipal se tratara (p. 2.320).

En poco menos de un mes, la Orden de 1 de mayo de 1940 (España, Ministerio de la Gobernación, 1940b) establecía que todo aquel que desease exhumar el cadáver de algún deudo asesinado lo solicitara al gobernador civil, o a la Dirección General de Sanidad para el caso de traslado a otra provincia o en espacios eclesiásticos, que “concederá el permiso para el traslado e inhumación con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes” (p. 3.157), estando exento de pagar derechos sanitarios. Según esta misma orden, desde mayo de 1939 se había dispuesto la solicitud de exhumación para aquellos que tuvieran deudos asesinados, estableciéndose un plazo de seis meses.

Sin embargo, estas disposiciones solo eran extensivas a las víctimas de la revolución marxista, de la dominación y de la barbarie roja, mártires de la Cruzada, Caídos por Dios y por España. En ningún caso se contemplaba que el mismo respeto y dignidad tenían las personas asesinadas por la violencia franquista. El ‘rojo’ o la ‘roja’ no eran dignos de una sepultura cristiana.

La sepultura cristiana, por tanto, era la sepultura de los considerados hijos de la nación española. El “enemigo interior de la patria”, concepto construido a partir de discursos de odio que legitimaban el uso de la violencia extrema contra ella o él, era indigno de una sepultura en espacio sagrado, reconocida y delimitada, así como de las exequias fúnebres tradicionales al objeto de favorecer su tránsito a la necrópolis. Tampoco fueron objeto de un reconocimiento administrativo de su fallecimiento, quedando en una situación de limbo legal como desaparecidos.

Frente a esta situación, y de manera opuesta a todas estas personas desaparecidas, sus mártires y caídos, además de exhumados para su digna sepultura y su inscripción en los registros civiles, se aseguró que quedara bien acreditada la causa y responsabilidad de su muerte, compensándose a las familias por el propio Estado, tanto en retribuciones económicas como sociales (Espinosa, 2012; Ferrándiz, 2014). Esta parte de la historia quedó recogida en la Causa General con el fin de justificar la sublevación y así lo exponía el Fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, en 1941 a las Audiencias: “El cuidado extremo en no entrar en las exhumaciones cuando sean procedentes de acción de guerra o represión de elementos rojos, función que no compete a la Causa General” (Espinosa, 2012, p. 48).

Este aspecto determina los procesos de exhumación de fosas comunes de la violencia represiva franquista en España, puesto que las víctimas de la violencia republicana ya fueron exhumadas y recibieron todo tipo de honores, mientras que los vencidos no han tenido el mismo tratamiento. Las críticas de la derecha política a las exhumaciones de las personas represaliadas por el franquismo han ignorado, o deliberadamente omitido, que estos procesos ya fueron realizados por el propio régimen de Francisco Franco, si bien excluyendo a las víctimas que el movimiento memorialista trata ahora de rehabilitar. Por tanto, las exhumaciones de las personas que murieron como consecuencia de la violencia a partir del golpe militar de 1936 no es un hecho actual, sino un proceso que tiene su origen en los propios vencedores y que, a partir de distintas etapas o momentos, vamos a describir en el ámbito de la provincia de Cádiz siguiendo un criterio cronológico.

 

  1. Intervenciones arqueológicas y antropológicas en fosas comunes de la violencia de retaguardia franquista en la provincia de Cádiz[2]

A fecha de este estudio, de los 45 municipios que componen la provincia de Cádiz, se exhuman fosas de la violencia represiva franquista en 18 de ellos, algunos con más de una intervención y en distintos periodos. Diferenciaremos dos grandes momentos: las realizadas durante la propia dictadura y durante la transición, que hemos denominado privado-familiares, y las realizadas a partir del año 2000 (2004 en la provincia de Cádiz) con protocolo arqueológico, que hemos denominado público-políticas[3].

1.1.         Exhumaciones privado-familiares

Estas primeras exhumaciones no tienen la carga impugnadora de las realizadas con protocolo arqueológico, ya que se sitúan en un espacio privado, aunque no siempre en secreto, de la familia o la comunidad de referencia. Tampoco tienen la cobertura de los medios de comunicación ni la suficiente atención desde los partidos políticos mayoritarios[4].

Las primeras exhumaciones de personas asesinadas por la violencia franquista de las que se tiene constancia en la provincia de Cádiz son realizadas recién acabada la guerra. Se tiene conocimiento, aunque poca información, de la apertura de las fosas de Hoyo Cascabel en Olvera y la Finca de El Baldío en Alcalá del Valle, realizadas en la década de 1940 o 1950 por los propios familiares. En la primera de estas fosas, la de Hoyo Cascabel, fueron exhumados los restos de tres personas (Medina, 2022). Como se documenta en las investigaciones realizadas por este historiador (2022; s.f.), en esta fosa fueron enterrados los restos de Mateo Flores Martín, Manuel Domínguez Ayala, conocido como Rubio Escarba, y puede que los de Francisco Ayala Saborido. La madre del primero de ellos logró convencer al falangista local que regía el Ayuntamiento a mediados de la década de 1950, coincidiendo con los traslados al Valle de Cuelgamuros, para exhumar por ellos mismos los restos, mezclándolos y depositándolos todos en un mismo ataúd. Con posterioridad, en 2013, representantes del Ayuntamiento alcalareño y del movimiento memorialista local participaron de la localización de esta fosa por la ARMH[5] y recuperaron huesos descontextualizados que volvieron a inhumar en una sepultura del cementerio de Alcalá del Valle, bajo el monumento existente a los vecinos represaliados por el franquismo (Medina, s.f.).

La propuesta de intervención arqueológica en la Finca de El Baldío por la ARMH (Pacheco, 2015) menciona el asesinato de cinco personas en este lugar el 18 de septiembre de 1936. El cuerpo de José Pérez Jurado, labrador de Olvera, cuyo cadáver fue encontrado insepulto en dicha finca, habría sido trasladado al cementerio de Alcalá del Valle, junto al de Juan Guerrero Listán, aguador ciego, y el del Tito, persona con deficiencia mental que se refugió en la misma choza antes de ser tiroteado junto a él (Romero, 2009a). Estos dos últimos fueron también exhumados y trasladados al cementerio. María Guerrero Listán, hermana del aguador, desenterró ella misma el cadáver de su familiar uno o dos días después y se lo llevó envuelto en una manta sobre un mulo al cementerio (Romero, 2009a).

Situaciones similares podemos encontrar en Torre Alháquime, donde durante la década de 1950 los propios familiares exhumaron los restos de Antonio Ayala Ayala, asesinado en 1936 y trasladado al cementerio de Alcalá del Valle en un cajón de madera (Romero, 2009a). Otro caso similar es el de Francisco Guerra Valiente, también asesinado en 1936 y enterrado en un paraje denominado Vereda Ancha, que habría sido exhumado en Torre Alháquime en los años sesenta (Cauqui, 2007; Giráldez, 2014) o el de Antonio Pino Morales, vecino de Villamartín, cuyo hijo, José del Pino Yuste acompañó a su viuda madre a la exhumación de los restos de su padre en 1941 al pueblo vecino de Puerto Serrano (Romero, 2008).

En Cádiz capital, el 4 de febrero de 1957, la familia de Francisco Camacho Mascareña Zapatillas recuperó sus restos de una sepultura colectiva (media sepultura) que compartía junto a otras cinco personas. Cuando 44 años más tarde, ya en 2001, se iba a proceder al desmantelamiento del Cementerio de San José, se realiza una segunda exhumación, sin metodología arqueológica, documentándose por la familia el cráneo con los orificios de proyectil.

 

Foto 1

Segunda exhumación de Francisco Camacho Mascareña en el Cementerio de San José de Cádiz en 2001.

Fuente: cortesía de Lola Camacho Muñoz.

 

No es la única exhumación de este tipo en Cádiz y no descartamos que pueda haber algunas más. El 13 de enero de 1963, según documenta el arqueólogo municipal (Gener et al., 2019), fueron exhumados a petición de su esposa, Josefa Ponce Ponce, los restos de Manuel López Moreno, camarero de 35 años conocido por su activismo anarquista.

Durante la transición a la democracia, como recoge Romero (2009b), se tiene conocimiento de exhumaciones de fosas comunes con los primeros ayuntamientos democráticos, como en el caso de Facinas (Tarifa). En 1978, familiares y el Ayuntamiento de Tarifa exhuman los cuerpos de Antonia Marín Muñoz, Palma Sánchez[6] y Dolores Navarro Muñoz, asesinadas en 1936 y sepultadas en el antiguo cementerio, en la zona denominada Vico de esta pedanía (Cauqui, 2007), próximo a la carretera Tarifa-Cádiz.

Más conocida, y dentro de este primer ciclo de exhumaciones, ha de enmarcarse la realizada en Jimena de la Frontera, en el año 1980, en la que se exhuman los restos de cuatro personas que habían sido asesinadas el 31 de octubre de 1936 (León y Román, 2021) y enterradas a la salida del pueblo, en dirección norte. Sus nombres: Catalina Delgado Gavilán la Bizcochera, Manuel López Pérez Niní, Francisco Vera Gallego y Antonio Vallecillo Jiménez.

En la descripción que de estas exhumaciones realiza Manuel Mata Pacheco se narra que fue en una mañana de sábado del mes de enero. A aquella cuneta acudieron numerosas personas y familiares, también de pueblos cercanos. Cuenta que a menos de un metro de profundidad comenzaron a aparecer una alpargata, una cadenita de oro, huesos y los cráneos. Por deseo expreso de los descendientes se decidió que todos los restos óseos fueran a un único ataúd que a hombros de familiares, vecinos y afiliados del PSOE y la UGT, fue trasladado hasta el cementerio, donde se levantó una placa conmemorativa con sus nombres y anualmente son homenajeados (León y Román, 2021).

Tampoco es la única exhumación que se produce en Jimena de la Frontera después de la muerte del dictador durante los años 80. Según el testimonio de Francisca Lobato Domínguez (Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, 2012) y la información que complementa Andrés Rebolledo Barreno[7], el lugar en el que fue enterrado su padre, Roque Lobato Gutiérrez, fue señalizado con algún tipo de hito, parece ser que una losa de piedra. Roque Lobato Gutiérrez había sido fusilado junto a otro hombre en los días siguientes a la toma de la Sauceda. El conocimiento del enterramiento clandestino, conocido por un primo de ella que vivía en Cortes de la Frontera y alguna otra persona más, permitió que a finales de los años 70 o comienzos de los 80, pero antes de la exhumación de la Cruz Blanca y una vez muerto el dictador, acudiera una tarde con su marido, el sepulturero y algún responsable municipal a recuperar los restos de su padre para enterrarlo en el cementerio de la localidad junto a su viuda.

 

Tabla 1

Intervenciones de exhumación privado-familiares en la provincia de Cádiz.

Fuente: elaboración propia.

Exhumaciones privado-familiares Año Víctimas exhumadas
Alcalá del Valle Década de 1940 o 1950 5 o 6
Puerto Serrano 1941 1
Olvera Década de 1950 3
Torre Alháquime Década de 1950 y 1960 2
Cádiz Década de 1950 y 1960 Al menos 2
Facinas (Tarifa) 1978 3
Jimena de la Frontera 1980 4
Jimena de la Frontera Finales de 1970 1

 

1.2.         Exhumaciones público-políticas

A diferencia de las anteriores, sobre estas exhumaciones existe información y documentación, tanto oral como a partir de informes, publicaciones, reportajes, documentales o noticias de prensa que nos permiten un conocimiento detallado de quiénes las promovieron y cómo se desarrollaron. Lo que a continuación vamos a describir es una síntesis de las intervenciones que concluyen con exhumaciones de personas represaliadas por la violencia de retaguardia franquista, excluyendo los intentos de localización con resultados negativos.

 

1.2.1.     El Bosque (2004 y 2005)

Ya en el siglo XXI, la primera exhumación con éxito realizada en Andalucía se produce en nuestra provincia en el año 2004, continuando una segunda fase al año siguiente. Se trata de la localidad de El Bosque, en el interior del cementerio de esta población. Ante la realización de unas obras de acometida de la cimentación para construir nuevas manzanas de nichos, el 19 de diciembre de 2003, algunas familias, entre ellas la de Ana María Venegas Bazán, se personan al comienzo de las obras, paralizando su ejecución (Canal Sur, 2004; Parejo, 2006; Savall, 2004; Venegas, 2010).

El 12 de enero de 2004 llegaban los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía que serían acompañados todos los días por la familia Venegas Bazán (Venegas, 2010). Multitud de familiares, vecinos y curiosos compartían allí a diario las historias que habían permanecido tanto tiempo silenciadas o que habían sido contadas en voz baja, en la intimidad «de puertas para adentro» (Cate-Arries, 2016).

Según la memoria preliminar arqueológica (Pinto y Pando, 2004), el testimonio de José Vázquez Jiménez, testigo de 91 años de edad, ofrece la ubicación de las distintas fosas comunes dispuestas de forma paralela al muro perimetral de la esquina sur. Informa, además, de que una de las fosas ya habría sido alterada durante los años 70 u 80 del siglo pasado como consecuencia también de la construcción de una manzana de nichos en la zona noreste. El testigo indica incluso la procedencia de las personas asesinadas de distintos municipios de la sierra de Cádiz.

En el mes de abril del siguiente año, 2005, se procede a excavar tres fosas más, dos comunes y una individual. Esta intervención sería financiada por la Diputación de Cádiz y contó con la colaboración del Ayuntamiento de El Bosque (Foro por la Memoria, 2005). Los nueve cuerpos exhumados en esta segunda fase pertenecían a vecinos de Benamahoma y Grazalema, mientras que los cuerpos exhumados de las dos primeras fosas en el año anterior se correspondían con vecinos de Ubrique (Cauqui, 2007).

En total, entre ambas intervenciones, se oficializa la cifra de 22 cuerpos recuperados. Los trece de Ubrique, como serían conocidos, regresaron a su pueblo natal y en febrero de 2005 eran inhumados en el cementerio de su población, con una afluencia numerosa de personas llegadas de toda Andalucía, en un homenaje acompañado de música y banderas republicanas (Parejo, 2006; Venegas, 2010). Unos meses más tarde, en julio de 2005, se inhumaban en un panteón construido al efecto en el Cementerio de Benamahoma los nueve cuerpos exhumados con toque solemnes de campana, música de violín, cortejo fúnebre, banderas republicanas y rosas rojas (Parejo, 2006).

 

1.2.2.     Cádiz (2006, 2008 y 2016 hasta la actualidad)

En 2006 se realiza la primera intervención en media sepultura en el Cementerio de San José de Cádiz de exhumaciones protocolizadas con la recuperación, a petición de su hija Rosario, del cuerpo del setenileño Juan Pérez Domínguez, conocido como Juan Trabas (Gener et al., 2021).

En 2008, desde la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz se intervino de nuevo en el Cementerio de San José y se lograron exhumar tres cuerpos más de medias sepulturas a partir de una iniciativa de carácter particular (Gener et al., 2021). La motivación de esta intervención es la exhumación de José Jiménez Nieto por su nieto Rafael Zarco Jiménez (Bejarano y Císcar, s.f.). La intervención resultó sin resultados positivos de identificación debido a la no coincidencia de los resultados arqueológicos con la información de los libros de registro y la falta de cotejos de pruebas de ADN (Bejarano y Císcar, s.f.).

En mayo de 2008 se ejecutan dos nuevos proyectos para la localización de Pascual Sánchez Fernández y Andrés Cózar Cantero, sin que tampoco se procesen muestras de ADN, confirmándose el primero por evidencias de muerte violenta y el segundo por posición estratigráfica (Gener, 2021). Sin el análisis genético, se tienen dudas de las identificaciones, ya que en 1953 y 1956 se habían realizado desalojos en estas medias sepulturas al objeto de dejar nuevos huecos (Bejarano y Císcar, 2008; Toboso y Castro, s.f.).

A partir de 2016 se van a ejecutar una serie de intervenciones en el Cementerio de San José de Cádiz. La primera actuación es ejecutada por un equipo técnico contratado desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. De los 15 sujetos que se consideraban podían ser exhumados, la intervención concluyó con la exhumación de 10 (Román y Guijo, 2016).

En 2017 se exhumó, por petición familiar, el cuerpo de Dionisio Antón Arechavala Ulacia (Román y Guijo, 2017a). Entre 2017 y 2019 se ejecuta el convenio interinstitucional (Ayuntamiento de Cádiz, asociación SOS Bebés Robados Cádiz y CEMABASA[8]) para intervenir en 45 sepulturas colectivas, al objeto de investigar supuestos casos de sustracción ilegal de neonatos sin autorización de sus progenitores para adopciones ilegales, atendiendo las demandas de 46 familias denunciantes cuyos procesos no habían tenido continuidad judicial (Gener et al., 2019).

En abril de 2018, en el Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz en un sencillo acto eran re-inhumados los restos exhumados en 2008 y 2016 en el Cementerio de San José, destacando de este acto su sobriedad y la casi total ausencia de simbología republicana.

La exhumación de Juan Diego Cortés Pacheco se realiza por intervención de la Plataforma Memoria Histórica de Cádiz a instancias de la familia, encargándose el propio arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Cádiz y en 2019 la de Alfonso López Quera, a petición de su nieta Inmaculada López Merino y con implicación de nuevo de la Plataforma Memoria Histórica de Cádiz (Gener et al., 2019). Los distintos proyectos que se desarrollan desde 2018 parten de las Delegaciones Municipales de Memoria Democrática y Urbanismo con la iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria (ICSC) de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, CEMABASA y hasta una partida desde el Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía.

Entre marzo y diciembre de 2019 se procede a la excavación de la Fosa Norte del Patio 1, logrando exhumar 37 cuerpos de represaliados por el franquismo (Gener et al., 2021). A estos hay que sumar los 24 sujetos exhumados durante la campaña de 2021 de un total de 20 sepulturas colectivas. La Fosa Sur, excavada entre 2021 y 2022, arroja 15 sujetos más 112 posibles víctimas fallecidas en la Cárcel Provincial, de las que se han seleccionado 39 (Gener et al., 2022). En total en este cementerio han sido exhumados 95 sujetos más los 39 seleccionados para análisis genéticos por muerte en la Cárcel Provincial.

 

1.2.3.     Grazalema (2008)

En la localidad serrana de Grazalema era un secreto a voces el asesinato de 15 mujeres y un adolescente en el paraje forestal de Retamalejo, en la carretera en dirección a Ronda, muy cerca de la curva conocida como curva de las mujeres. Es la única fosa temática, exclusiva de mujeres, conocida en la provincia de Cádiz. A pesar de estar en un periodo en el que ya ha eclosionado el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica esta exhumación es realizada dentro de un marco de secretismo inusual para el momento en el que se desarrolla.

La intervención de la Fosa de las Mujeres, como ha quedado denominada en el mundo memorialista, fue promovida por la Diputación de Cádiz, aportando su financiación (Bocanegra, 2009) en colaboración con el Ayuntamiento grazalemeño sin que mediaran peticiones familiares.

La fosa se situaba en un alfanje y estaba colmatada por una cruz formada con piedras que fueron durante algunos años pintadas de blanco por personas del pueblo (Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz, 2016). La intervención durante el verano da como resultado la exhumación de 16 sujetos, 14 de ellos femeninos, uno masculino y otro que no se pudo determinar su sexo (López, et al., 2008). Otro aspecto por el que destaca la Fosa de las Mujeres es el uso de armas blancas como elemento vinculante (López, et al., 2008) y que, al menos, tres de ellas se encontraran embarazadas (Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz, 2016).

En mayo de 2009 fueron acompañados de multitud de claveles por un cortejo fúnebre que portaba cinco cajas hasta el lugar en el que se levantó una escultura con sus nombres en el Cementerio de Grazalema.

 

1.2.4.     El Marrufo (2012)

En 2012, tras la realización de prospecciones con resultado positivo el año anterior, comenzaron las exhumaciones en la Finca de El Marrufo, término municipal de Jerez de la Frontera, dentro del Parque Natural de los Alcornocales y en las proximidades del Valle de la Sauceda. Es una intervención promovida por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y AFRESAMA[9] y su financiación corrió a cargo, ante la falta de subvenciones públicas, de un mecenazgo, el de Miguel Rodríguez Domínguez, familiar linense, nieto y bisnieto de represaliados por el franquismo en El Marrufo, y propietario del Grupo Festina.

Se localizan y documentan siete fosas, algunas de ellas señalizadas mediante majanos y de depósitos individuales o colectivos, exhumándose un total de 28 sujetos, cinco de ellos femeninos (Sígler et al., 2021). Aunque posteriormente, en 2012 y 2013 se realizan nuevas prospecciones, todas arrojan resultados negativos en cuanto al hallazgo de nuevas fosas (Sígler et al., 2021). De los 28 cuerpos exhumados, son identificados 13 de ellos mediante análisis genéticos, si bien se estimaba la existencia de más personas asesinadas en todo el Valle, teniendo documentados medio centenar de nombres (Rebolledo y León, 2016).

Mientras se obtenían los resultados de las pruebas genéticas, en diciembre de 2012 se realizó un homenaje de inhumación (Huguet, 2012; Rebolledo y León, 2016) entre banderas tricolor, rojinegras y flores, en un mausoleo construido al efecto en el recién rehabilitado Cementerio de La Sauceda. Este antiguo cementerio se encuentra en el término municipal de Cortes de la Frontera y fue reconstruido por miembros del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y AFRESAMA.

 

1.2.5.     Puerto Real (2014-2016)

La investigación histórica para el estudio de la represión en Puerto Real comienza en 1995 por miembros del sindicato CNT. En 2008 se realizaron catas arqueológicas a lo largo del perímetro del muro exterior, zona norte y este, que resultaron negativas (Román y Guijo, 2015a). En ese mismo año las prospecciones geofísicas mediante georradar y un testimonio coincidieron en indicar una de las calles como el lugar de ubicación de la fosa común (Román y Guijo, 2015a).

La excavación de la primera fase comienza en junio de 2014 mediante subvención autonómica a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Social y Política de Puerto Real (Román y Guijo, 2015a). En el mes de noviembre de 2015 se inicia una segunda fase con aportación financiera de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, además del apoyo logístico del Ayuntamiento de Puerto Real.

La gran fosa del Cementerio de San Roque de Puerto Real es en realidad un conjunto de fosas sucesivas, una a continuación de otra, que alcanzó los 23,40 metros de longitud que, junto con los 7,60 metros intervenidos en la primera fase, suman un total de 31 metros de longitud por 2,20 de ancho y 1,20 metros de profundidad media (Pérez, 2016).

La finalización de los trabajos en 2016 culmina con un total de 193 sujetos exhumados (Guijo et al., 2019), resultando hasta la fecha la mayor fosa común exhumada en la provincia, pero en la que se han identificado genéticamente solo a dos personas: Juan Díaz Menacho y Pedro Cumplido Casas, que fueron re-inhumadas en marzo de 2021, siendo la caja de uno de ellos cubierta por la bandera de la CNT (Entierro de dos personas asesinadas en la guerra civil por el franquismo en Puerto Real, 2021). Según esta publicación divulgativa, entre los sujetos exhumados se encontrarían dos femeninos.

Foto 2

Trabajos de excavación en la fosa común del Cementerio de Puerto Real.

Fuente: https://www.dipucadiz.es/memoria_historica/mapa-de-fosas/

 

 

1.2.6.     Alcalá del Valle (2015)

Después de la realización en 2014 de prospecciones con detector de metales que ayudaron a acotar la zona, en 2015 comenzaban los trabajos en la Finca de El Baldío (Pacheco et al., 2017).

Se trataba de una fosa de planta rectangular, cuyas dimensiones eran 1.70 por 2.25 metros, con una profundidad de entre 0.44 y 0.22 metros, en la que se encontraban cuatro sujetos enterrados decúbito prono (boca abajo) (Pacheco et al., 2017).

El informe del estudio antropológico, junto con las pruebas genéticas, se hacían públicas en enero de 2017, confirmándose la presencia de dos sujetos femeninos y dos masculinos, determinándose que el Sujeto 1 se correspondía con Remedios Partida Morilla y el Sujeto 2 con su hijo, José Rodríguez Partida, cuyos familiares realizaban la petición de localización, exhumación e identificación para su re-inhumación (Pacheco et al., 2017). Los cuerpos recuperados en esta exhumación fueron trasladados al cementerio de Alcalá del Valle.

 

1.2.7.     Paterna de Rivera (2015)

Al igual que en el caso anterior, tras los sondeos de 2014, al año siguiente comenzaron las exhumaciones en el cementerio parroquial de Paterna de Rivera a petición de familiares. Luis Vega Sevillano, testigo directo, buscaba los restos de su madre, Catalina Sevillano Macho o su padre, el cenetista Francisco Vega García, pudiendo estar ambos y existiendo también indicios de que pudiera hallarse el cuerpo de María Silva Cruz la Libertaria, según la investigación de José Luis Gutiérrez Molina (Román y Guijo, 2015b).

La fosa se encontraba alterada y rota por enterramientos posteriores (Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz, 2017), circunstancia habitual en las situadas dentro de los cementerios, exhumándose un total de 10 sujetos. La financiación procedió de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Sin embargo, ninguno de los restos exhumados pudo asociarse con los familiares que habían aportado muestra biológica y adscribirse a ninguna de las personas que se presumía que pudieran hallarse en su interior.

En julio de 2019, las cajas de restos, portadas con una rosa blanca sobre cada una de ellas fueron re-inhumadas en el espacio donde se ubicaba la fosa bajo un monumento erigido en homenaje a las víctimas del franquismo paterneras.

 

1.2.8.     Benamahoma (2017-2019)

El Mapa de Fosas de Cádiz recogía la posibilidad de una fosa de grandes dimensiones en el cementerio de Benamahoma, con unas 29 personas de localidades cercanas, como El Bosque, Prado del Rey, Villamartín y Grazalema, además de personas de la propia población (Cauqui, 2007).

Una vez obtenidos resultados positivos en los sondeos arqueológicos concluidos en 2017, la fase de exhumación se desarrolla en distintas campañas con la financiación del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz y el apoyo logístico del Ayuntamiento de Benamahoma (Grazalema). La primera de ellas, se ejecuta de octubre de 2017 a febrero de 2018 (Baquero, 2019), recuperándose 20 cuerpos en cinco fosas y aplazándose los trabajos a consecuencia de las lluvias (Diputación de Cádiz, 2018). La segunda campaña, de junio a octubre de 2018, termina con la localización de 16 fosas con 37 cuerpos más recuperados (Baquero, 2019). La tercera de las campañas que culminaba en septiembre de 2019 sumaban 10 cuerpos más de otras tres fosas, por lo que el total ascendía a 19 fosas y 67 cuerpos exhumados de la represión franquista de vecinos de la sierra de Cádiz (entre ellos tres mujeres con posibilidad de adscribir un caso más que era dudoso), finalizando la intervención que más cuerpos ha recuperado en zona rural de la provincia de Cádiz hasta la fecha (Baquero, 2019).

 

1.2.9.     San Fernando (2017 hasta la actualidad)

En 2016, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) ejecutaba la fase de sondeos en el Cementerio Municipal de San Fernando con resultados positivos. En 2017 comenzaban las labores de exhumación de las distintas fosas. En todo este periodo han contado con diversas aportaciones financieras: la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando.

A pesar de quedar inconclusas algunas fosas por la proximidad de las manzanas de nichos adyacentes, en la actualidad las labores de exhumación han finalizado con la excavación de la Fosa 1 (39 sujetos), Fosa 2 (33 sujetos), Fosa 5 (67 sujetos), Fosa 7 (2 sujetos) y Fosa 8 (6 sujetos), que suman un total de 147 sujetos exhumados de las 229 personas documentadas como asesinadas por la retaguardia franquista (López, 2019)

De momento, no ha habido coincidencia genética en ningún caso, si bien desde el propio equipo técnico se tienen realizadas múltiples identificaciones presuntivas a la espera de finalizar las actuaciones y completar los cotejos de ADN con todos los cuerpos exhumados y familiares contactados.

 

1.2.10.  Setenil de las Bodegas (2018)

En Setenil de las Bodegas fueron exhumados en 2018 los cuerpos de seis personas asesinadas que habían sido sometidas a consejo de guerra en 1937: Juan Manuel Vilches Bastida, José Bastida Bastida, Juan Corbacho Bastida, Juan Rochas Rivas, José Domínguez Rosa y Antonio León Muñoz.

La fosa consistía en una trinchera de medidas aproximadas de 0.5 por 7 metros (Román, 2021) y estaba situada sobre la tumba que María Luna Escalante, esposa de Juan Manuel Vilches Bastida, pudo levantar en su honor (Medina, s.f.).

Los resultados de las pruebas de ADN, a pesar de contar con las muestras de algunas familias, entre ellos hijos e hijas aún con vida, fueron negativos en todos los casos. Pese a este revés, en septiembre de 2021 se procedía a su re-inhumación entre aplausos, banderas tricolores, vivas a la República y el cierre con la interpretación de la canción Al Alba.

 

1.2.11.  Jimena de la Frontera (2020 y 2021)

Aunque ya hemos comentado cómo Jimena de la Frontera fue testigo de una de las exhumaciones más conocidas durante la transición y, por tanto, anteriores a la etapa que venimos describiendo, quedaba pendiente la recuperación de las fosas situadas en el Cementerio Municipal, en la zona alta de la población donde también está ubicado el recinto fortificado del castillo.

De las 98 personas asesinadas de Jimena de la Frontera por la violencia franquista (Algarbani, 2012), se estima que aproximadamente 52 fueron asesinadas en el término municipal de la población, correspondiendo 31 de ellas a las posibles inhumadas en el cementerio por aplicación del bando de guerra, más un número indeterminado de personas asesinadas durante la posguerra (León y Román, 2021).

Con posterioridad a los sondeos arqueológicos realizados en 2019 con resultados positivos, en 2020 se iniciaba la primera campaña en la que se exhumaron 13 sujetos de dos fosas comunes (León, 2021; León y Román, 2021). En 2021, en la segunda campaña, se localizaban los restos de seis personas más, sumando un total de 19 cuerpos de personas asesinadas. Estos trabajos han contado con financiación del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, la colaboración del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (León, 2021), además del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

 

1.2.12.  Trebujena (2021-2022)

La ubicación de las fosas del Cementerio de Trebujena, en el espacio destinado como cementerio civil o disidente, era conocida en el pueblo y los sondeos arqueológicos confirmaron su ubicación.

La tipología de las distintas fosas es variada, pues existen enterramientos individuales y colectivos (Fernández, 2021). Las últimas informaciones publicadas (Diputación de Cádiz, 2022a) elevan el número de personas exhumadas a 76 en un total de 14 fosas, correspondiendo todos a sujetos masculinos. En su financiación ha vuelto a participar el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, la FEMP a partir de fondos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Trebujena.

De forma paralela se ha procedido a la toma de muestras biológicas de ADN por medio de hisopados bucales a unos 80 familiares, correspondiendo una cuarta parte a hijos e hijas directas de las personas represaliadas (Fernández, 2021; Diputación de Cádiz, 2022a).

 

1.2.13.  Benaocaz (2022)

Durante dos días de mayo de 2022 se realizaba una intervención de localización y exhumación de los restos de dos personas en la solana de la Manga de Villaluenga, un paraje natural a pocos kilómetros de la población de Villaluenga del Rosario, pero ya en el término municipal de Benaocaz, en la sierra de Grazalema.

Señalizada mediante un majano, su ubicación era conocida gracias a testigos directos, si bien se desconocen con exactitud los nombres de las personas asesinadas en 1936, confirmadas como adultos masculinos jóvenes, entre los veinte y los treinta años (Román, 2022), uno en posición decúbito prono (boca abajo) sobre otro, que se encontraba en posición decúbito supino (boca arriba).

Esta intervención ha sido promovida por la Diputación de Cádiz con el apoyo financiero de la FEMP a través del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Román, 2022).

 

1.2.14.  Villamartín (2022 y en la actualidad)

En septiembre de 2022 daban comienzo los trabajos de exhumación en la en la fosa común del Cementerio Municipal de Villamartín (Lago, 2022), donde en febrero del mismo año los sondeos arqueológicos arrojaron resultados positivos con el hallazgo de, al menos, 15 restos correspondientes a personas represaliadas por el franquismo (Diputación de Cádiz, 2022b).

La estimación es que en la misma puedan hallarse entre 60 y 70 cuerpos de personas asesinadas por la violencia de retaguardia sublevada, entre ellas nueve mujeres y 12 menores de edad, si bien entre los primeros cuerpos exhumados solo han aparecido sujetos masculinos (Telespera, 2022). Hasta fecha de redacción de este estudio, eran tres las fosas comunes localizadas, algunas intactas y otras alteradas por la actividad funeraria del propio cementerio (Telespera, 2022), con una veintena los sujetos exhumados y tres más localizados[10].

La financiación para estas labores de exhumación partía de nuevo del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Villamartín (Diputación de Cádiz, 2022b).

 

Tabla 2

Intervenciones de exhumación público-políticas en la provincia de Cádiz.

Fuente: elaboración propia.

Exhumaciones público-políticas Año/s Víctimas exhumadas
El Bosque 2004-2005 22
Cádiz 2006, 2008, 2016-… Al menos 95
Grazalema 2008 16
El Marrufo (Jerez de la Frontera) 2012 28
Puerto Real 2014-2016 193
Alcalá del Valle 2015 4
Paterna de Rivera 2015 10
San Fernando 2017-… 147
Benamahoma (Grazalema) 2017-2019 67
Setenil de las Bodegas 2018 6
Jimena de la Frontera 2020-2021 19
Trebujena 2021-2022 76
Benaocaz 2022 2
Villamartín 2022-… Al menos 23

 

  1. Balance factual de las exhumaciones en la provincia de Cádiz

Desde las primeras intervenciones en fosas comunes de la violencia represiva franquista de las que se tiene constancia, iniciadas ya durante la propia dictadura –a la par que el régimen realizaba las de sus Caídos por Dios y por España– hasta la actualidad, las familias de las personas asesinadas por el franquismo, a título personal primero y luego organizada como sociedad civil en torno al movimiento por la recuperación de la memoria histórica, no ha cesado en su empeño por recuperar los cuerpos de sus familiares o conciudadanos desaparecidos.

En estos procesos, Andalucía y la provincia de Cádiz no eran una excepción y, a partir de la primera exhumación con actuación arqueológica realizada en El Bosque en 2004 (recordemos que es la primera con éxito realizada en Andalucía) podemos apreciar una evolución y profesionalización de estos procesos, espejos que nos muestran la resistencia popular frente al terror franquista, la amnesia transicional y la democracia construida sobre un terreno inestable, cuyos cimientos penetran en las arenas movedizas de las fosas comunes repartidas por todo el suelo patrio.

Los datos proporcionados en la investigación que aquí presentamos de intervenciones privado-familiares y público-políticas arroja la cifra de, al menos, 729 víctimas de la represión franquista exhumadas hasta la fecha en la provincia de Cádiz. Sin embargo, la cifra, casi con toda probabilidad, no acabará ahí, pues estos procesos no han dejado de aumentar y desde 2014 no ha habido ningún año en que no se hayan estado realizando exhumaciones de asesinados por la violencia represiva franquista. Incluso, podemos decir que la tendencia es al alza, a pesar de que la Administración con competencias en la materia –la Junta de Andalucía– esté en la actualidad, y en la práctica, ausente de estos procesos.

Mientras las primeras exhumaciones destacan por su carácter particular, privado, íntimo y familiar, realizadas por los familiares dolientes con sus propias manos (Junquera, 2012), las exhumaciones actuales destacan como procesos mediáticos, política y socialmente, cargados de simbología y reivindicación de las apelaciones de verdad, justicia y reparación: actos de impugnación política de la legitimidad de las autoridades que concierne y convoca a toda la ciudadanía. Más allá de su cientificidad y sus oficiantes autorizados y acreditados como profesionales de la mediación entre la comunidad de los vivos y la de los muertos, estas exhumaciones actuales no han perdido, ni deben perder, su contenido y carácter político, aunque los familiares hayan delegado exclusividad protagónica, pasando a ser uno más de los actores convocados a estas ceremonias público-políticas.

No ha sido un camino fácil, exento de conflictos y trabas administrativas, normalmente con una financiación insuficiente y una delegación de responsabilidad desde las Administraciones Públicas en los familiares, activistas político-sociales memorialistas y el cuerpo profesional pericial por encargo de estos. De todas las exhumaciones que hemos descrito, tan solo en la primera fase de una de ellas, la de El Bosque en 2004, actúa verdaderamente una Administración de oficio, con su propio equipo de profesionales arqueológicos. Algunas han tenido que recurrir, incluso, a benefactores privados y muchas de ellas contar con el voluntarismo y compromiso altruista de los equipos técnicos profesionales.

La provincia de Cádiz, pionera y una de las más activas en la recuperación de cuerpos de la violencia de retaguardia franquista, es un ejemplo de caso de lo realizado y lo que está pendiente de acabar. El reloj corre en nuestra contra y los vientos soplan agitados y adversos. Confiemos en que el calado de la recuperación de la memoria histórica permita prever y hacer frente a los nuevos movimientos abiertamente declarados fascistas en el mundo.

 

 

 

Referencias bibliográficas

 

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[1] Francisco Javier Pérez Guirao es antropólogo, profesor en la Universidad de Cádiz y autor del libro Las emociones de la memoria. Tres historias de mujeres a partir de la exhumación de la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz).

[2] No incluimos en esta recopilación las exhumaciones realizadas durante la dictadura de traslados al Valle de Cuelgamuros con ocasión de la inauguración del espacio conmemorativo por excelencia del franquismo y la mayor fosa común de España.

[3] Nos hemos referido en otros momentos a estas exhumaciones como clandestinas y científicas (Pérez, 2019), pero consideramos más precisa la conjunción privado-familiares y público-políticas.

[4] En varios números de la revista Interviú sí que se pueden encontrar reportajes sobre estas exhumaciones (Espinosa, 2012; Ferrándiz, 2014).

[5] Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Emilio Silva Barrera.

[6] Su segundo apellido es desconocido.

[7] Comunicación personal, 20 de marzo de 2022.

[8] Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz S.A.

[9] Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo. Andrés Rebolledo Barreno es el presidente de ambas entidades, familiar e impulsor de las exhumaciones en El Marrufo.

[10] Antonio Ortega Castillo (comunicación personal, 13 de octubre de 2022).