Las cifras de la desaparición forzada en Andalucía (I)

¿A cuántas personas desaparecieron en Andalucía? 

Por Fidel Mingorance [1]

Por increíble que pueda parecer, ochenta y siete años después del golpe de estado militar de julio del 36, todavía no tenemos la certeza de cuántas personas fueron desaparecidas por los fascistas en Andalucía durante el periodo comprendido entre 1936 y 1951. Contamos, eso sí, con un consistente consolidado que se sitúa en torno a las cincuenta y una mil personas, dentro de un rango de entre cuarenta y cuatro mil y cincuenta y seis mil mil, según las fuentes utilizadas.

Dimensionar la magnitud de la desaparición es siempre el primer paso en cualquier proceso integral de búsqueda. No se trata de un simple ejercicio de cuantificación ya que, como no nos cansamos de repetir, «la magnitud es un hecho matemático y meramente cuantitativo pero no desprovisto de carga emocional y política cuando excede ciertos límites» (Longoni y Bruzzone, 2008: 64), que en Andalucía se sobrepasaron obscenamente…

Esta carga «emocional y política» tiende a traducirse en auténticos bailes de cifras o en batallas terminológicas de definiciones o conceptos al servicio de un determinado relato. Es algo que suele acompañar casi de manera inherente al crimen de la desaparición forzada de personas, se haya este perpetrado en Colombia, México, Bosnia, Argentina o en Andalucía.

Una de las mejores formas de contrarrestar la guerra de cifras se consigue utilizando datos documentados (y de fuentes contrastadas). Por eso, es fácil estar de acuerdo con el principio que defiende Francisco Espinosa de «que detrás de las cifras siempre debe haber nombres y apellidos, ya que de lo contrario volvemos al mundo de los excesos numéricos» (2022). Tener nombres y apellidos, además, facilita darle respuesta a la pregunta de «¿quién le hizo qué a quién?» (Ball, 2008), fundamental en investigaciones de violaciones de derechos humanos.

No es casual ni gratuito mencionar a Espinosa puesto que cualquier revisión de cifras sobre personas represaliadas y desaparecidas por el franquismo conducirá inevitablemente a su trabajo. Así, por ejemplo, una excelente síntesis de la evolución del consolidado de cifras lo encontraremos en su texto La desinfección del solar patrio: las cifras de la represión, incluido en Castigar a los rojos (Viñas, Espinosa y Portillo, 2022). Aunque tal vez el mejor punto de partida sea seguramente Violencia roja y azul: España, 1936-1950 (2010), donde Espinosa, Gil, García Márquez y Ledesma no solo actualizaron el «estado de la cuestión», sino que propusieron nuevas «formas de enfrentarse al problema» por las que todavía hoy se transita.

La evolución del consolidado de víctimas

Tomando el hilo conductor que tiende ese autor en varios de sus textos, podemos iniciar nuestro repaso de las cifras en el incipiente consolidado de víctimas de la represión publicado en Víctimas de la guerra civil (S. Juliá, coord., 1999). Obviamente pasando por alto las torticeras e inverosímiles cifras ofrecidas por la historiografía franquista, como las tan inexactas cifras exactas del general Salas Larrazábal y pasando directamente a este primer consolidado, todavía parcial, de 1999.

El recuento de 1999 fue elaborado por Francisco Moreno Gómez (Espinosa, 2010, 2022) y publicado como anexo en Víctimas de la guerra civil (S. Juliá, Coord., 1999). Se han recogido los datos correspondientes a las víctimas de la represión fascista en Andalucía en la tabla 1.

Casi una década después, en octubre de 2008, el Auto del juez Baltasar Garzón, que iniciaba un proceso al franquismo por crímenes contra la humanidad, posicionaba una cifra que sorprendentemente (o no tanto) todavía es utilizada en la actualidad. Si bien el procedimiento judicial del juez fue abortado rápidamente tras el ataque jurídico, político y mediático al que se vio sometido, la cifra inicial del censo de víctimas en construcción, -las ciento catorce mil víctimas-, trascendió ampliamente, quedando grabada en el imaginario relativo a la desaparición forzada de personas durante el periodo de guerra y dictadura. En la tabla 2 figuran los datos de las víctimas en Andalucía.

Las cifras que aparecen en la tabla son las que se incluyen en el Auto del juez Garzón (pp. 23-24), donde se explica que

Se ha requerido a las partes personadas en acusación, que aportaran, dentro de los escasos límites temporales concedidos (quince días) un listado lo más completo y uniforme posible, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, de los casos de personas desaparecidas desde el 17 de Julio de 1936 hasta diciembre de 1951, como consecuencia de la acción directa o indirecta del llamado alzamiento nacional que dio paso a la Guerra Civil Española y a la posguerra de los cuáles aún no se sabe su paradero bien porque fueron desaparecidos o bien porque habiendo sido ejecutados, no se sabe dónde se hallan los cuerpos que fueron inhumados en lugares sin identificación alguna. Por supuesto que no se olvidan los desaparecidos, cuyos restos han aparecido, y han sido identificados, por cuanto con este hallazgo cesaron los efectos del delito.

De momento, y sin perjuicio de que, tras el análisis pormenorizado y evacuados los informes técnicos que procedan, por el grupo de expertos que se constituye en esta resolución, las cifras sean diferentes, el número global de víctimas desaparecidas en el período estudiado (17 de Julio de 1936 a Diciembre de 1951) es de 114.266 personas (…). (Auto Garzón, 2008, pp. 22-23).

Estas cifras iniciales se incrementaron durante las actuaciones en el marco del proceso abierto, ascendiendo hasta 42.131 y 143.353 respectivamente. No obstante, no se han encontrado publicados dichos listados ni tampoco los datos provinciales, únicamente distintas referencias que mencionan esas cifras en la prensa de la época. Francisco Espinosa explicó en su momento que

El auto del juez Garzón dispuso la formación de tres grupos, uno de especialistas para evaluar y depurar la información acumulada, otro de Policía Judicial al servicio del primero y del Juzgado, y un equipo informático que ordenara y facilitara el manejo y la consulta de toda la documentación que había ido llegando al Juzgado. El juez designó como especialistas a los juristas Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate Martín. Por su parte, la plataforma de asociaciones, que no pudo evitar tensiones en su interior que llevaron a su ruptura, nombró finalmente a cinco peritos (Francisco Etxeberría, Francisco Espinosa Maestre, Julián Casanova, Queralt Solé y Manuel Escarda) y dos suplentes (Mirta Núñez Díaz-Balart y Ricard Vinyes). La corta vida del proceso abierto por Garzón sólo permitió una reunión el día 5 de noviembre, que sirvió para poner en contacto a los grupos antes indicados y poco más. Pese a lo cual, a finales de diciembre de 2008 se pudo leer en la prensa que los peritos habían presentado un avance del informe definitivo sobre el número de víctimas, informe que concluirían en breve plazo. Naturalmente, todo esto era falso: los supuestos peritos no eran sino los informáticos, y el número de víctimas era simplemente el número de registros de la base de datos que habían creado, que incluyó probablemente a los 25.000 de Valencia.  La confusión seguía campando libremente. Se realizó un escrito de queja al Juzgado, pero no hubo respuesta. (Espinosa, 2009, p. 108).

Finalmente, una vez abortado el procedimiento judicial nunca se llegó a establecer un censo oficial de víctimas de desaparición forzada ni de víctimas de la represión franquista. Como veremos en la segunda parte del texto lo único que ofrece actualmente el Estado es un triste buscador de víctimas y un aún más triste mapa de fosas.

Uno de los miembros del equipo de peritaje de la causa abierta por el juez Garzón, Espinosa de nuevo, publicó una revisión de los datos de 1999 en su Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión (2009). En la tabla 3 recogemos los datos referidos a Andalucía.

En el Informe se especificaba que «los cuadros con las cifras de la represión que siguen, aunque actualizados en la medida de lo posible, tienen por base los elaborados hace una década por Francisco Moreno Gómez para Víctimas de la guerra civil (1999). Las tendencias siguen siendo las indicadas por los especialistas: a medida que se conocen nuevas investigaciones la represión franquista sigue subiendo y distanciándose cada vez más de la republicana, siempre inferior a las cifras manejadas por la dictadura y sus hagiógrafos» (Espinosa, 2009).

Un año después, el mismo autor se preguntaba «¿Qué valor tienen las cantidades que se dan en el cuadro con las cifras de represión? Digamos de entrada que, dado el estado de la investigación, son aproximativas y que así será por mucho tiempo, al menos mientras no dispongamos de las mismas fuentes con que contaban las autoridades que controlaron el proceso represivo». Es más, insistía en el mismo texto, «¿Quiere decir esto acaso que cuando se ponga fin a estos trabajos sabremos la identidad y el número de personas con las que el fascismo acabó en España? No; mientras no tengamos acceso a nuestros archivos del terror, no sabremos todos los nombres ni conoceremos el número total de víctimas» (Espinosa, 2010).

Aún y así, se continuaba la paciente y continua tarea de construcción del universo de víctimas de la represión fascista y se publicaban los datos actualizados de 2010 en Violencia roja y azul. España, 1936-1950 (Espinosa et all., 2010). Una publicación importante debido a su reflexión crítica en torno a cuestiones como la dificultad de acceso a las fuentes documentales, las polémicas entre Memoria e Historia o las terminologías utilizadas y el concepto de desaparecidos; tema este último que trataremos en la segunda parte de este texto.

En 2010 la cifra ascendía ya hasta las cuarenta y siete mil trescientas noventa y nueve víctimas en Andalucía y ciento treinta mil ciento noventa y nueve víctimas en el conjunto del Estado. En la tabla 4 se refleja el agregado de los datos provinciales de Andalucía.

Una década después, en la nueva actualización de Espinosa de 2020, aumentaban en casi diez mil las víctimas de la represión franquista en el total del Estado, ascendiendo hasta las ciento cuarenta mil ciento cincuenta y nueve víctimas, y en tres mil seiscientas noventa y una las de Andalucía, subiendo hasta las cincuenta y una mil noventa personas represaliadas.

De la tabla publicada en La investigación de la represión franquista. 40 años después (Espinosa, 2021) y en La desinfección del solar patrio: las cifras de la represión, incluido en Castigar a los rojos (Viñas, Espinosa y Portillo, 2022), se han seleccionado los datos de Andalucía en la tabla 5.

Tras este último recuento de datos «aún provisionales», su autor expresaba que «en cuestión de números debemos atenernos a lo que realmente tenemos e insistir en que lo que hay que conseguir es que se abran todos los archivos que puedan informar sobre aquellos hechos. Desde 1979, en que se publicó el primer artículo de Alberto Reig Tapia sobre la represión en la revista Tiempo de Historia, hasta hoy han transcurrido cuarenta y tres años en los que basándose en la investigación pura y dura la propaganda franquista ha saltado por los aires. No ha sido fácil, las trabas han sido continuas, queda mucho archivo oculto y ha sido preciso el aporte tanto de las iniciativas personales y sociales, las primeras que se movieron, como del mundo académico, pero el duro trabajo ha dado sus resultados» (Espinosa, 2022).

51.000 víctimas de la represión fascista, o más…

La revisión de otros consolidados publicados muestra que son pocas las variaciones respecto a los datos publicados por Espinosa, bien sea porque utilizan las mismas fuentes o bien sea porque utilizan al propio Espinosa como fuente. Así pasa, por ejemplo, en Las cifras de la violencia institucional y las implicaciones de la represión sobre las actitudes sociales y políticas de la población andaluza (Cobo, 2012) o en La represión física en Andalucía (Fernández y Giráldez, 2014), donde la variación más significativa corresponde a los datos de Granada.

En este caso, Francisco Cobo cuantificaba en 8.500 víctimas las víctimas en Granada, mientras que para Carmen Fernández y Javier Giráldez eran 12.504, especificando que «la cifra de víctimas que aquí causó la represión franquista se eleva según los investigadores a un mínimo de 12.504 personas, de las cuales 5.048 han podido ser plenamente identificadas a partir de fuentes oficiales mientras que más de la mitad, 7.456, se han obtenido a partir de fuentes y testimonios orales» (2014). Espinosa, por su parte, ha mantenido hasta 2022 las 5.500 víctimas en Granada, si bien señalaba en 2009 que en Granada había un estimado en torno a 7.000 (Tesis doctoral de Juan Hidalgo) y Moreno ya señalaba en 1999 que el estimado de Granada era de 12.354 víctimas.

Si se toma, en cambio, la cifra de 8.500, el recuento subiría a 54.211 y 143.159 respectivamente.  Pero si, finalmente, se consideran los datos que aportan Fernández y Giráldez los totales alcanzarían las 58.065 personas represaliadas por el franquismo en Andalucía y las 152.663 en el total estatal.

Pero no solo se trata de conseguir articular los datos faltantes de Granada con los nuevos datos que vayan apareciendo en Sevilla, Huelva, Almería, etcétera. Porque una parte importante de las divergencias en las cifras tiene más que ver con causas conceptuales que operativas. A ese respecto, Espinosa señalaba muy certeramente que

se ha procedido a revisar de nuevo, diez años después, las cifras de represión teniendo en cuenta las publicaciones habidas en esta década pasada y, sobre todo, contactando con los investigadores e historiadores expertos en estas cuestiones. Hay un problema de base que a estas alturas resulta irresoluble. Al no existir desde el principio, dada la dejación de las instituciones que debieran haber tomado la iniciativa, un modelo de trabajo definido, la investigación de la represión se abordó con diferentes criterios no siempre fáciles de unificar. Hubo trabajos en que se establecieron apartados propios para las víctimas habidas por los bandos de guerra, las producidas por sentencia de los sumarísimos de urgencia, las causadas por las condiciones en que vivían en las prisiones o las que murieron a causa de bombardeos, y hubo otros en que todo esto se mezcló. La falta de criterios establecidos ha creado dificultades desde el primer momento a la hora de abordar las consecuencias de la represión franquista (Espinosa, 2022).

Los problemas asociados a la ausencia de una estructura centralizada que recoja y actualice los datos y, especialmente, los asociados a las distintas conceptualizaciones de la figura del «desaparecido», son abordados en la segunda parte de este texto. (…→)

[1] Geoactivista y geógrafo. Hace parte del colectivo Human Rights Everywhere (HREV) y coordina Geoactivismo.org. Dentro de DFA analiza datos y elabora las cartografías.