Relato histórico

Situado en la mitad occidental de la comarca de Antequera, entre Campillos y el límite con la provincia de Sevilla, desde la sublevación de las tropas el 18 de julio hasta su entrada en Fuente de Piedra, el 12 de agosto, apenas transcurren tres semanas en las que, a pocos kilómetros de la zona franquista, los vecinos se organizan para hacer frente a la situación de guerra y carestía. En este sentido, se constituyen la comisión del Frente Popular y el Comité Permanente, formado por Francisco Leiva Mora, José Leiva Acuñas, Manuel Luque Trujillo, Francisco Gamez Ruiz, Juan Acuña López y Juan Leiva Mora; y como Inspector de Milicias se nombra a José Aulet Thomas. El Comité asume las labores de abastecer a la población, de organizar el trabajo, de mantener el orden público, de represión, de incautar bienes, etc. Así, con un aumento demográfico notable a causa de la llegada de huidos de Estepa, El Rubio, Puente Genil, La Roda de Andalucía, Pedrera, Casariche, etc. se procede por parte del Sindicato de Trabajadores de la Tierra, a la incautación de tierras de propietarios que, sin dar trabajo a los obreros, habían dejado perder la cosecha. El Comité expropia ganado, grano, aceite, dos coches y un camión en las casas particulares y de labor de ocho familias propietarias de Fuente de Piedra y en una de La Roda; y, para redistribuir los alimentos entre la población, crea un economato en el edificio de la Iglesia y un sistema de vales con el que acceder a los productos de primera necesidad. Cabe señalar el papel que juega la sociedad obrera En pos del Progreso , formada fundamentalmente por ugetistas y, en menor medida, cenetistas y comunistas, en la materialización de los intereses populares sobre la tradicional clase dominante, a la que, en aquel momento, se encontraba enfrentada violentamente, al protagonizar una prolongada huelga de varias semanas que no concluye hasta que los obreros consiguen sus reivindicaciones laborales. El control de las milicias y la guardia municipal queda a cargo de José Aulet Thomas, el cual mantuvo una tensa relación con el alcalde Republicano, Manuel Pérez Montesinos, que terminó con la destitución de éste. Los recursos armamentísticos eran muy precarios, limitándose a las requisas que las milicias hicieron de escopetas de caza en las casas de propietarios y a ocho fusiles y bombas de mano que Aulet trajo de Málaga. Las escopetas apenas servían para disparar, infructuosamente, sobre la aviación franquista que sobrevolaba el pueblo y las bombas de mano, guardadas en el ayuntamiento, fueron entregadas al oficial franquista que entró con las tropas, sin haber sido usadas. La gota que colmó el vaso en la relación entre Aulet y el alcalde fue la negativa de éste a entregar a varios propietarios del pueblo a una patrulla proveniente de Málaga, para lo que tuvo que firmar un documento por el que se responsabilizaba de las acciones de los terratenientes. De hecho, la represión del periodo republicano supuso requisas en domicilios, incautaciones, detenciones de cinco propietarios (puestos en libertad tras la entrega de dinero), etc. pero no se cobró la vida de ningún vecino de Fuente de Piedra. Sin embargo, sí hay constancia de la ejecución de, al menos, un desconocido, foráneo del municipio, acusado de ser espía. Se documenta en dos informes de la gestora municipal en los que se hace memoria de los hechos ocurridos entre el 18 de julio y el 12 de agosto y en los que se dice, en uno, que se ejecutó a un desconocido y, en el otro, que fueron dos los ajusticiados en el cementerio. Ambos informes culpan a José Aulet Thomas, José Oses Rebollo y Francisco Muñoz El Chavo de los hechos, precisándose que los dos primeros se encontraban huidos y el tercero, El Chavo , sentenciado. Sin embargo, en una tercera referencia de este hecho, no se alude a la acusación de espionaje sobre los dos desconocidos, siendo de la siguiente forma como aparece en una carta que se envía al Gobernador Civil de Málaga: […] Entre los días 18 de julio y el 12 de agosto fusilaron los rojos a dos desconocidos, vagabundos, que deambulaban por las afueras y que al parecer eran de filiación marxista[…] (Correspondencia Alcaldía de Fuente de Piedra, 28 de julio de 1937). El 12 de agosto, a las cinco de la mañana, las tropas franquistas toman Fuente de Piedra y empiezan a constituir las nuevas autoridades y a imponer el nuevo régimen. Se creará una Comisión Gestora ese mismo día que será renovada el 25 de enero, quedando formada desde enero por Diego Montero León, Joaquín Navarro Montero, Rafael Pardo Porras y Diego Reina Verdugo, todos afiliados a Falange. Lo primero que hace la primitiva comisión, en sesiones del 23 de agosto y del 14 de octubre, es poner a trabajar las cosechas abandonadas y alquilar las casas dejadas por los marxistas , quedando los beneficios del alquiler de las mismas en manos de la Comisión Administradora dependiente, no del consistorio municipal, sino de la Segunda División del Ejército del Sur. La financiación de muchas obras y actividades, así como de las peticiones provenientes del Gobernador Civil, se hacen con multitud de donativos de los que participaba el conjunto de la población, unos por convicción y adhesión al nuevo régimen, y otros por temor a ser señalados como simpatizantes de la República. Ejemplos de ello tenemos la suscripción de ayuda al frente del Motril en Mayo del 37, los donativos para las poblaciones pendientes de liberar , los donativos para el aguinaldo del soldado o para el vino del ejército, los donativos para el monumento al general Mola, etc. Incluso, llegan a la Comisión Gestora propuestas del Gobernador Civil como la de sostener con presupuesto municipal a las organizaciones juveniles de Falange. La beneficencia social estaba gestionada por la sección femenina de FET a través de un comedor subvencionado por el ayuntamiento. En este sentido, llama la atención el requerimiento del Gobernador Civil de extremar las precauciones sobre las personas que, provenientes de las zonas bajo control republicano, se prestaban para trabajar en la asistencia social, instando a llevar a cabo la debida depuración político-social de las mismas. Ante la crisis económica estructural, marcada por el estraperlo y el alza fraudulenta de precios, fenómenos éstos de los que nos quedan testimonios documentales en el Archivo Municipal, la autoridad municipal se propuso la explotación de las salinas para lo cual, de nuevo, abrió una suscripción de donantes, entre los que participaron familias notables que, en su día, sufrieron incautaciones del extinto Comité. La represión contra los vencidos, como se repite en tantos pueblos, se cobró la vida, el 16 de septiembre del 36 y el 29 de abril del 37 de dos y ocho personas respectivamente, según se desprende de lo consultado en la sección de defunciones del Registro Civil. No obstante, por las notas encontradas en el Archivo Municipal referentes a la asistencia social, queda patente un elevado número de menores necesitados de asistencia social por ser huérfanos de padres que, es de suponer, debieron perder la vida en la contienda bélica o en la posterior represión.