Deber de memoria ante la desaparición forzada en Andalucía

¿Por qué hacer una cartografía de la desaparición forzada? ¿Para qué nos sirve mapear lo invisibilizado? ¿Cuál es el sentido político de esta tarea? Varios colectivos nos hemos unido para aportar una narrativa propia que abra grietas en un discurso oficial que ha permeado hasta el cansancio. Estos son nuestros argumentos.

 

Podríamos pensar, de forma ingenua o bien intencionada, que todo se debe a una especie de deterioro cognitivo colectivo. Que habitamos un país en el que lo importante se nos olvida, que estamos acostumbrados a la tertulia de barra de bar en la que los temas se deslizan entre las manos como las clásicas servilletas que no alcanzan a limpiar(nos). Quedémonos con esa imagen tan nuestra: esas servilletas de papel satinado que no limpian sino que extienden la grasa y que siguen poblando bares de toda Andalucía –y del resto del Estado- porque por un módico precio de 0,004 euros la servilleta se produce la ficción de la higiene. En un giro narrativo sorprendente, los más puristas de la autenticidad superficial convierten el hecho de cutrez y tacañería en un símbolo de identidad nacional.

Pues eso: que todo tiene una razón. Y si las dramáticas servilletas pueden convertirse en símbolo patrio para encubrir la racanería económica, los derechos humanos seguirán siendo algo que se viola en países muy lejanos que viven bajo el yugo de autócratas caníbales para así no molestar ni la conciencia ni los cómodos sillones que han ocupado y siguen ocupado muchos de los victimarios españoles, convertidos —como en el caso de la servilleta— en próceres, conferencistas o, en el mejor de los casos, en afables jubilados de honra y bien.

Uno de los crímenes de lesa humanidad más doloroso y de efectos perdurables es la desaparición forzada, un crimen que además de generar terror en el entorno familiar, político o comunitario de la persona desaparecida se practica para ocultar el delito en sí mismo. Ya sabemos que en Andalucía lo que tenemos son “fosas o cunetas”; no personas desaparecidas de forma forzosa. Esta es una de las claves del asunto: denominar como servilletas lo que sólo es papel resbaladizo e inútil. Los eufemismos y los ejercicio retóricos para evitar el término legal de la desaparición forzada han servido para invisibilizar o camuflar el caso de las decenas de miles de personas desaparecidas de forma forzada en Andalucía durante la brutal represión y terror desencadenado por las tropas regulares, irregulares y paramilitares que dieron el golpe de estado y colonizaron el territorio a partir de 1936. En España, en Andalucía, se ha dado una doble desaparición forzada: primero la de las personas (cada una con su nombre, con su rostro, con su historia, con su futuro truncado), después la del delito.

Naciones Unidas se ha cansado de recordárselo al Reino de España. Primero, tras la tardía ratificación en España de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (el 24 de septiembre de 2009, tres años después de ser aprobada); después, en los duros informes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, y, en último término, por Amnistía Internacional, cuando, en su informe al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (en abril de 2021), insistía en recomendar a España: “Tipificar la desaparición forzada de personas como un delito autónomo, ajustado a la definición contenida en los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y que sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad” y, además, “estipular [en el Código Penal] expresamente que el delito autónomo de desaparición forzada es imprescriptible o, en su defecto, considerando el régimen de prescripción vigente en España en relación con los delitos de carácter permanente, establecer en la legislación que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad”.

El Reino de España incumple la legislación internacional que ha ratificado y no parece importarle demasiado. El 8 de enero de 2009, siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno respondió a una solicitud del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para revisar la Ley de Amnistía de 1977 (el “pacto del silencio”) de este modo: “El Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España. (..) Además, no sólo la sociedad española sino también la opinión pública mundial es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley. Por estos motivos, el Estado español lamenta la inclusión de este punto en las observaciones del Comité, considerando que se han cometido disfunciones procesales en términos de (…) determinación de los hechos (desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía)”.

Mientras tanto, ‘servilletas’ de papel satinado: mapas de fosas que no se abren, leyes que llegan con décadas de atraso y que —en esa demora nada casual— ya no permiten acceder a la verdad, judicializar a los responsables, reparar económicamente a las víctimas y, seguramente, tampoco ayuden a generar garantías de no repetición.

Los derechos humanos vapuleados por un Estado que ha respondido —cuando lo ha hecho— ante la presión de las indómitas asociaciones memorialísticas y ante cierta opinión publicada claramente minoritaria en un país donde, como también recordaba Amnistía Internacional, no hay una política de fomento de la verdad: “Las autoridades españolas han ignorado su responsabilidad en la obligación de hacer efectivo el derecho a la verdad, al no investigar ni esclarecer los hechos ni las circunstancias en los que se produjeron las graves violaciones de derechos humanos del pasado, al no expresar disculpas públicas o arrepentimiento que precisen la naturaleza criminal de los actos en cuestión, ni las circunstancias ni la realidad concreta de los daños infligidos. En igual sentido, al haber continuado delegando en familiares y asociaciones la tarea de localizar e identificar a las víctimas de desaparición forzada. Tampoco se ha establecido una política de promoción de la verdad, ni se ha contemplado la creación de un mecanismo oficial para el esclarecimiento de la verdad”.

 

 Se llama Desaparición Forzada

En esas seguimos. A pesar de los tímidos avances del Gobierno Nacional en los últimos tiempos y del errático ir y venir de las administraciones autonómicas, sigue siendo tarea de la sociedad civil poner nombre al horror y generar la información de calidad que, como mínimo, contribuya a una narrativa más veraz y digna que la de lo invisible o lo periférico.

Esta es la razón de esta tarea siempre inacabada de la Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía, que, con el liderazgo de la Casa de la Memoria La Sauceda y del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, permite hablar del delito de lesa humanidad, de sus víctimas reales y de algunas de las claves para tratar de entender el porqué de la praxis masiva de la desaparición forzada incluso en zonas de la comunidad autónoma donde jamás hubo guerra.

Queremos dejar de señalar fosas —aunque haya que seguir haciéndolo— para hablar de personas. ¿A quiénes desparecieron?, ¿en qué momento?, ¿para qué?

Parece evidente que este empeño no tendrá un punto y final próximo. La tarea es monumental y las fuentes dispersas. Si la Junta de Andalucía reconoce la existencia de, al menos, 45.566 víctimas de la desaparición forzada, estaríamos en deuda con 45.566 historias.

La Junta numera fosas y no califica lo ocurrido en ellas. De hecho, lo que denomina el “mapa de fosas” aparece en la página web de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, no en la de Justicia por ejemplo. Da igual… cuando ha habido buenas palabras éstas han tenido poca traducción en la realidad. Si uno lee la “Justificación y la contextualización” del I Plan Andaluz de Memoria Democrática (2018-2022) podría suscribir algunas de sus afirmaciones. La política pública no va por el mismo derrotero.

Por eso, las y los investigadores y colectivos que participamos en este esfuerzo autónomo de la Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía no esperamos nada, pero exigimos todo. Llegamos tarde. Las capacidades de investigación de la sociedad civil han sido limitadas porque el tiempo, el esfuerzo y las manos había que dedicarlos a exhumar a los familiares, a protestar ante las instituciones, a defendernos de tanto ataque y de tanto olvido inducido. Si bien algunos académicos llenaron algunos vacíos, han sido pocos los interesados por estudiar lo ocurrido en aquellos años desde una óptica de derechos humanos, enmarcando el delito en el marco jurídico internacional, visibilizando a los seres humanos pero, al tiempo, identificando las razones y los victimarios intelectuales de tan atroces hechos.

Una vez más, con nuestros tiempos y nuestras limitaciones, asumimos el deber de memoria, de búsqueda y difusión de la verdad, de exigencia de justicia y de reparación.

Para hacer este mapeo, previamente, hemos tenido que asumir la monumental tarea de indagar en todas las fuentes existentes, más allá de las cartografías oficiales —que, ahora, por cierto, no comparten datos— para generar un nuevo repositorio en el que hemos tratado de volcar, fosa a fosa, toda la información posible y existente. La información es abrumadora aunque esté llena de ausencias. El repositorio de la Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía se refiere —a 31 de diciembre de 2022— a 798 fosas (89 más que en la información oficial) y apunta a un número de víctimas que está en una horquilla entre 43.077 personas y 46.600. Es imposible tener el dato real porque para eso se desaparece forzadamente: para que no haya huellas. Los casos documentados de víctimas desaparecidas son de 33.859 (1.710 de ellas, mujeres). El impacto de esta práctica sistemática es casi inimaginable[2], si tenemos en cuenta que el 51,08% de los municipios de Andalucía (401) cuentan con una o más fosas de la represión franquista.

La ciencia nunca es objetiva. Hay un posicionamiento, una hipótesis construida por seres humanos que están cargados de imaginarios, ideología, temores, incertidumbres. Si todo hecho humano es político, abordar una investigación seria y rigurosa como la de esta Cartografía es, para nosotras, un acto profundamente político. Desde la elección de las palabras hasta la iconografía pasando por los enfoques de indagación y los hilos temáticos propuestos suponen una apuesta colectiva por un relato propio que no se contagie de los espacios de confort en los que la narrativa oficial ha intentado instalarnos en los últimos 45 años.

Sabemos que hubo una estrategia de terror en zonas donde no había resistencia armada al golpe de Estado; también, que esta guerra no fue civil: consistió en un asalto cuasi colonial con la participación de varias potencias extranjeras en el que, no solo se utilizaron técnicas militares y paramilitares propias de una conquista, sino que al enemigo, al no cumplir con el perfil político moral del invasor, se le consideró como un ser animalizado y peligroso por el simple hecho de existir; conocemos de la estrategia de represión y persecución de género ante unas mujeres que, durante la corta primavera republicana, osaron a ser ciudadanas o a pelear con intensidad por esa ciudadanía de pleno derecho, y entendemos la conexión entre pasado y presente, las diferentes fases del terror, el silencio y el ensalzamiento de una memoria edulcorada que nos han llevado al momento actual.

Por todo ello, la Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía es una siembra política, humana, científica, del común. Con errores y vacíos, con certezas y con preguntas que duelen como cicatrices en el mapa de lo imposible, con orgullo y con tristeza. Esta es nuestra apuesta y este es nuestro deber de memoria.

Terminamos citando a Manuel Reyes Mate, el gran filósofo de la memoria relacionada con los derechos humanos. Es él el que nos habla del “deber de memoria”, es él el que nos interpela: “¿Cómo explicar la suspensión del tiempo que ocurre en el caso del desaparecido? El tiempo se detiene para las víctimas y eso afecta al resto de la sociedad que no puede seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. El desaparecido planea sobre la sociedad como un fantasma que exige justicia. El tiempo de la memoria cuestiona al de la historia”. Y a riesgo de ofender a los que consideran que una vez consignados los hechos se acabó el trabajo, Reyes Mate les recuerda: “Hechos que para la historia estén debidamente explicados y clasificados, son, sin embargo, casos abiertos para la memoria porque mientras la injusticia no haya sido saldada, no se puede hablar de justicia histórica, sin que valgan moralmente las amnistías o prescripciones por muy legales que puedan ser”.

“No nacemos inocentes. Cada generación tiene una responsabilidad heredada”, escribía hace unos años Reyes Mate. La Cartografía, como todo lo acometido antes por estas gentes, es parte del ejercicio de esa responsabilidad.

[1] La Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía es fruto de un trabajo colectivo liderado por la Casa de Memoria La Sauceda, el colectivo La Vorágine y Human Rights Everywhere (HREV) en el que, además, se ha contado con la colaboración de activistas, investigadores populares, académicos y asociaciones memorialísticas. Solo en lo colectivo, resistimos.

[2] Inimaginables, en el sentido que lo planteaba el filósofo Günther Anders al referirse a sucesos monstruosos, por ser inimaginables e inabarcables para la fragmentaria conciencia moral que caracteriza a nuestros tiempos.